ALICANTE. El departamento de Intervención del Ayuntamiento de Alicante apremia al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a través de la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos, a reclamar más de un millón (1.009.491 euros) a la antigua concesionaria del servicio de limpieza viaria, UTE Alicante (compuesta por FCC, Cespa, Cívica e Inusa), que adeudaría a la administración local al no haber acreditado de forma debida el traspaso de maquinaria a la nueva empresa adjudicataria, según se desprende de la auditoría elaborada por Brainstorming Audit sobre los estados financieros del contrato correspondientes al ejercicio de 2023. 

Así se hace constar en uno de los anexos al informe de liquidación del presupuesto de 2024, dado a conocer este miércoles por el grupo municipal socialista, en el que se apunta que, una vez analizadas las alegaciones emitidas por la ya exconcesionaria (la prestación la asume ahora otra unión temporal de empresas, UTE Netial, formada por FCC y PreZero), que no invalidarían las conclusiones alcanzadas en la auditoría, "se insta al centro gestor a iniciar el procedimiento correspondiente para la recuperación del beneficio indebidamente obtenido por parte del contratista del contrato de servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos".

Ese beneficio que, según el informe, debería recuperarse corresponde con una primera cantidad de 447.757 euros por "el traspaso del inmovilizado a la UTE Netial; otros 370.494 euros "relacionado con la adecuación de maquinaria"; otros 131.073 euros "relacionado con la adecuación de instalaciones"; y otros 60.165 euros que "deberían reintegrarse al Ayuntamiento", según detalla el anexo del informe de liquidación de Intervención. Todo, tras apuntar que no se ha podido justificar con facturas la adecuación de maquinaria e instalaciones necesario para el servicio.

En esta línea, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha considerado que las indicaciones del alto funcionario, responsable de fiscalizar la gestión económica municipal, sería "una muestra más de la falta de control de las grandes contratas con Barcala al frente del Ayuntamiento, un alcalde que no vela por el dinero público ni por los intereses de todos los alicantinos y alicantinas. El descontrol financiero llega al punto de que el alcalde se verá forzado a poner en marcha un plan de ajuste que compromete las inversiones de los próximos años", ha destacado.

En esta línea, fuentes del PSOE añaden, a través de un comunicado, que el concejal Raúl Ruiz, "ya solicitó en octubre del pasado año diversa documentación vinculada a la liquidación del contrato de recogida de residuos (en la actualidad separado del contrato de limpieza)". En concreto, según el PSOE, el edil reclamó copia de las seis modificaciones del contrato que se realizaron durante el tiempo en el que estuvo en vigor, resumen actualizado del plan de inversiones que incluía este contrato e información sobre el cumplimiento de dichas inversiones. "No obstante, Barcala no ha entregado la documentación solicitada, impidiendo el control y fiscalización de su gestión", concluye la nota pública.

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha manifestado este mismo miércoles -tras participar en el acto de reconocimiento a los técnicos que impulsaron el diseño del parque inundable de La Marjal- que no conocía el detalle del anexo al informe de liquidación, por lo que no podía valorar las conclusiones. Con todo, ha sostenido que es ahora cuando cada servicio municipal tiene la oportunidad de revisar esas conclusiones y plantear las consideraciones que se estimen oportunas, toda vez que el análisis elaborado por el interventor "incluye datos técnicos, pero muchas veces también juicios de valor".